25 de diciembre de 2010

Reforma de las pensiones

Debido a las fuertes presiones que recibe de los organismos internacionales y la necesidad de atajar el déficit lo antes posible el Gobierno se niega a retrasar más sus medidas anticrisis, entre las que se encuentra la temida reforma de las pensiones.
Con una natalidad en descenso, una esperanza de vida cada vez mayor y un gran incremento del número de pensionistas, el modelo actual resulta insostenible a largo plazo.
En el documento con que acompañó su propuesta para la reforma del sistema de pensiones, el Ejecutivo señalaba, entre otras cosas, que "la elevada esperanza de vida de los españoles, y su rápido crecimiento, con especial intensidad en el caso de la esperanza de vida de las personas que cumplen 65 años, hace necesaria una actuación más decidida para garantizar el curso paralelo de los indicadores del sistema, imprescindible para asegurar la evolución acompasada entre ingresos y gastos".
En apoyo de esta tesis, los cálculos del Gobierno indican que de aquí a 30 años se pagarán casi el doble de pensiones que ahora y eso, asumiendo que cada vez se abusa menos de las prejubilaciones, que cada vez se conceden menos pensiones de incapacidad, que las carreras de cotización son cada vez más largas y que se producen cada vez menos despidos al final de la vida laboral.
España gasta ahora en pensiones el 8,8% de su PIB, lo que tampoco es tanto si se compara con la media europea, que está en el 10,1%. De mantenerse el sistema actual, según las proyecciones más pesimistas de la UE para el año 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España se elevará hasta el 15,1%, una cifra que, en todo caso, resulta equivalente a lo que actualmente están gastando ya países como Francia (13%) o Italia (14%).
Para evitar el colapso existen, en principio, dos alternativas: pagar lo que falte por medio de impuestos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o hacer las pensiones más baratas, reduciendo tanto la cuantía de las pensiones en sí como los años previstos para su disfrute. El Gobierno ha optado por la segunda opción.
En cualquier caso, la supervivencia del sistema de pensiones depende también, de otra serie de condiciones de carácter más estructural. Una de las más importantes pasa inevitablemente por reducir la elevadísima tasa de desempleo y convertir en cotizantes a los cerca de cuatro millones y medio de parados existentes en nuestro país (la tasa más alta de Europa), un gran porcentaje de los cuales son parados jóvenes.
 
Estaremos todos de acuerdo que por muchas reformas que se realicen, hasta que el Gobierno no pueda rebajar esa exhorbitada cifra de parados nada se va a solucionar. Si no podemos trabajar tampoco podremos contribuir, disminuye el consumo, aumenta el gasto por desempleo... la lista de consecuencias es interminable. Deberíamos pues ponernos como prioridad  (o tal vez como propósito de año nuevo) que nuestros políticos se den cuenta de dónde radica el verdadero problema de la crisis en España, pues si nos siguen apretando las tuercas con subidas de impuestos y recortes sociales sin solucionar los verdaderos problemas, no saldremos de esta situación.

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